Prometen mejorar escuelas en Oaxaca, pero no cumplen

1 de enero de 2018 / Autor: Arcelia Maya / Fuente: El Heraldo Aguascalientes

SANTOS REYES YUCUNÁ.- En este municipio enclavado en la mixteca oaxaqueña a la miseria se le suma el olvido de las autoridades federales.

A la localidad no han llegado un millón 800 mil pesos destinados por la Secretaría de Educación Pública SEP para tres escuelas en 2016.

Se trata de recursos etiquetados dentro del programa Escuelas al Cien que opera la SEP y el Gobierno del Estado por medio del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed).

A la Primaria Manuel Brioso y Candiani a la que le urgen dos salones y noc uenta con barda perimetral le destinaron 825 mil pesos supuestamente para el mejoramiento de espacios educativos y obra exterior.

Otros 575 mil pesos fueron designados para un aula didáctica en la Primaria 21 de Marzo y una estructura pero actualmente un salón es usado como bodega por las grietas que tiene y la humedad que se le filtra.

El Preescolar Narciso Mendoza debió recibir 400 mil para mejoramientos pero ninguno de estos recursos ha llegado además los sismos de septiembre dañaron el muro de contención del kínder y Protección Civil urge la demolición de los baños por lo que algunos de los 50 alumnos reciben clases en oficinas municipales.

«No nos han aventado ni un pinche tabique y mi pueblo ya está muy enojado», reprochó el Alcalde AlbertoMartínez Estrada. Yo soy el que queda mal con el pueblo porque abrí la
boca sobre estos beneficios que nunca han llegado.

En entrevista recordó que para aprobar los proyectos el Cabildo se peleó con los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE que se oponían al programa Escuelas al Cien. Ahora los maestros me dicen que por qué prometo y no se ejecuta nada. Mi deber es recordarle al Gobierno de Oaxaca que no han hecho nada pero no me hacen caso expuso.

La Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación (Sagarpa) también le falló a Santos Reyes Yucuná en la instalación por medio del Consejo Nacional de Zonas Áridas (Conaza) de una olla de captación de agua pluvial.

El Alcalde recordó que ingenieros de Conaza llegaron a principios de diciembre y plantearon la posibilidad de realizar la obra para lo cual le exigieron que de un día para otro entregara documentos de 25 beneficiarios de programas sociales de la Sagarpa y la firma de los comuneros del paraje El Amate donde se pretendía edificar el proyecto.

Como no consiguió los requisitos los promotores de la Conaza le dijeron que no podrían realizar la obra a pesar de que la necesitan el proyecto consistía en una excavación tipo presa en la que se acumularía el agua de lluvia para que se filtre a los mantos acuíferos.

El Edil explicó que en el 2015 también se pretendió instalar una olla de captación de agua que no se pudo instalar y el proyecto se edificó en la ranchería de San Francisco de las Flores Yucuná es el municipio más pobre de todo México según la más reciente medición del Coneval.

Aquí al 80 por ciento de los poco más de mil 380 habitantes le falta la comida y el 31.8 por ciento de las viviendas no tiene agua potable según el Coneval.

Y sobre la pobreza el abandono.

Fuente:

http://www.heraldo.mx/sufren-miseria-y-ayuda-no-llega/

El 40% reprueba las escuelas públicas y 40% las ‘palomea’

11 de diciembre de 2017 / Autor: Fernando Damián / Fuente: Milenio

Además, nueve de cada 10 está de acuerdo con las evaluaciones periódicas a profesores, indica una encuesta de la Cámara de Diputados, a cuatro años de la reforma educativa.

A cuatro años de la aprobación de la reforma educativa, 40.1 por ciento de los mexicanos califica de “mala” o “muy mala” la calidad de la educación en las escuelas públicas del país, mientras 40.2 por ciento la considera “buena” o “muy buena”.

En contraste, seis de cada 10 (63.9 por ciento) perciben como “buena” o “muy buena” la calidad de los servicios educativos en escuelas particulares y solo uno (13.7 por ciento) estima que es “mala” o “muy mala” en esos planteles.

De acuerdo con la encuesta Educación en México, elaborada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, más de la mitad de los ciudadanos consultados sostiene que la reforma educativa ha generado mejoría en aspectos como el otorgamiento de becas, enseñanza de tecnología y de inglés, planes de estudios, así como instalaciones y servicios escolares.

Asimismo, 90.9 por ciento de los ciudadanos consultados está de acuerdo con las evaluaciones periódicas a los maestros y 92.8 por ciento con el otorgamiento de plazas magisteriales mediante la aplicación de exámenes de conocimiento.

No obstante, cinco de cada 10 padres de familia (52 por ciento) califica de “muy buenos” a los profesores de educación básica en las escuelas públicas, mientras 5.8 por ciento los considera “buenos”; 18.4 por ciento, “regulares”; 15.7 por ciento, “malos”, y 2.1 por ciento, dijo no saber o no contestó.

Por lo que hace al entorno de los centros escolares, más de la mitad de los encuestados (52.4 por ciento) lo definió como seguro; una cuarta parte (24 por ciento), poco seguro; 14. 1 por ciento, inseguro, y 6 por ciento, muy inseguro.

En ese contexto y a la pregunta “¿cree usted que el nivel de educación de la población tenga una relación directa con los índices de delincuencia que se registran en el país?”, tres cuartas partes (74.9 por ciento) respondieron afirmativamente; una quinta parte (19.4 por ciento) dijeron “no” y 5.7 por ciento no supo o no contestó.

También tres cuartas partes de los ciudadanos (72.9 por ciento) están convencidos de que en el sistema educativo nacional existe alguna forma de discriminación, mientras, en contraste, casi la cuarta parte (22.6 por ciento) considera que no es así.

Cuatro de cada 10 (39.3 por ciento) señala que el principal motivo de la discriminación en las escuelas es por la condición social, seguido de su cultura (23.8 por ciento), origen étnico (23.4 por ciento), género (18.8 por ciento) y color de piel (13.8 por ciento), entre otros.

Al responder a la interrogante “¿considera usted que el sistema educativo está tomando las medidas necesarias para atender el bullying entre alumnos?”, 54 por ciento dijo “no”; 39.1 por ciento señaló “sí” y el resto aseguró no saber o no contestó.

Prácticamente la totalidad de los ciudadanos consultados por el CESOP (98.3 por ciento) consideró “muy necesario” o “necesario” retomar la enseñanza de educación cívica y valores para los alumnos de educación superior en el país.

Fuente:

http://www.milenio.com/politica/reprueba-escuelas-publicas-aprueban-encuesta-reforma_educativa-milenio_0_1082891716.html

Nayarit: Escuelas al 100 lleva estufas a la sierra, donde no se consigue gas

11 de diciembre de 2017 / Autor: Myriam Navarro / Fuente: La Jornada

A los planteles de la sierra de Nayarit incluidos en el programa federal Escuelas al Cien (certificados de infraestructura educativa nacional), el cual incluye comedores para alumnos, entre otras mejoras, les instalaron estufas de gas, pero no se tomaron en cuenta las malas condiciones de los caminos ni el costo del combustible, afirmó la secretaria de Desarrollo Social del estado, Sonia Ibarra Fránquez.

Detalló que en un recorrido por comunidades del municipio de El Nayar, las escuelas se ubican en zonas de difícil acceso y alta marginación, lo que hace prácticamenye imposible conseguir y trasladar el gas.

Manifestó que hubo mala planeación de obras, especialmente en el programa Escuelas al Cien. Todo el programa de infraestructura educativa (en Nayarit) dejó inconcluso 20 por ciento de los planteles en la zona serrana, cuyas comunidades tienen centros educativos de apenas cuatro aulas.

A esas escuelas, les construyeron comedores y pusieron estufas de gas donde no lo hay; hicieron planeación de escritorio. Los habitantes de las comunidades que hemos visitado nos pidieron que se castigue a la gente (porque) no está bien lo que hicieron.

Puntualizó que se están integrando expedientes para que se investigue el uso de recursos en las cocinas de las escuelas, en especial las de El Risco y El Colorín, que ella visitó. Cada una de estas comunidades tiene una población que apenas 200 habitantes, la mayoría indígenas coras.

Agregó: Construir en la sierra es lo más caro del mundo, y todo para que al final no sirva.

Instalaron drenajes que contaminan ríos

En octubre de 2015, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, dio a conocer que con la participación de los gobiernos de los estados se destinarían 50 mil millones de pesos para mejorar infraestructura y equipamiento hasta 2018 con el programa Escuelas al Cien.

Ibarra Fránquez destacó que en su recorrido también encontraron en algunos poblados de la sierra instalación de drenajes que desembocan en los ríos de las comunidades, los cuales usa la población para regar cultivos y limpieza del hogar.

La funcionaria estatal anunció que se reunirá con habitantes de zonas marginadas de la sierra para saber si las escuelas tienen el mismo problema. El Nayar, según cifras oficiales, es el cuarto municipio más pobre de México y el número uno en Nayarit.

El pasado 30 de marzo, en ese municipio indígena el entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola, inauguró la unidad médica rural número 99, acompañado de Nuvia Mayorga, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; los funcionarios y otros asistentes al acto se trasladaron en avionetas y aterrizaron en predios adaptados como pistas.

Ese día, Alfredo Muñoz de la Cruz, poblador, narró las dificultades que enfrentan en caso de urgencia médica: si una persona es picada por un alacrán o una mujer tiene complicaciones en el embarazo, usamos mulas para trasladarlos o los cargamos por varios kilómetros.

Fuente: 

http://www.jornada.unam.mx/2017/12/11/estados/029n2est

Los sismos y las aulas

8 de noviembre de 2017 / Autor: Luis Hernández Navarro / Fuente: La Jornada

No tembló igual para todos. Aunque los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados dejaron una huella trágica en algunos barrios acomodados de Ciudad de México, se ensañaron con los habitantes más humildes de las orillas de la metrópoli. Han transcurrido casi dos meses de la sacudida, y lejos de los reflectores que iluminaron la devastación en las colonias Roma o Narvarte, los damnificados de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco sufren no sólo los efectos del desastre natural, sino las prisas gubernamentales por maquillar de normalización la vida de amplias zonas de la urbe.

En las periferias capitalinas las heridas abiertas por el temblor siguen abiertas. Lesión sobre lesión, el abandono ancestral en la provisión de los servicios públicos y el mantenimiento de las infraestructuras, precipitó que los daños por los sismos fueran mayores que en otras zonas. Las huellas de esta doble desgracia pueden verse en todos lados: distribución de agua potable, vialidades, servicios sanitarios y escuelas.

Los temblores del 7 y 19 de septiembre sirvieron de radiografía de la desatención en que se encontraban muchas escuelas de las zonas proletarias de la capital. El diagnóstico que arroja esta placa muestra de cuerpo entero la irresponsabilidad con que han actuado las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) responsables de la enseñanza básica en la ciudad (en el antiguo Distrito Federal la competencia en este terreno pertenece al gobierno federal). Y es, por lo menos, preocupante: escuelas con falta de mantenimiento, infraestructura deficiente y abandono presupuestal. Muchos centros escolares no cumplen con las normas básicas de seguridad establecidas en la legislación vigente.

Por el contrario, la otra cara de la moneda del sismo del 19 de septiembre, es la respuesta de los maestros del sistema de educación pública básica. Como señala el profesor Roberto Gómez, su actitud fue admirable. Ninguno abandonó a sus alumnos en medio de la crisis. Todo lo contrario, actuaron rápida y eficazmente para resguardar a más de un millón de niños y jóvenes. Los padres de familia que corrieron temerosos a las escuelas a buscar a sus hijos, los recibieron sanos y salvos. Los docentes fueron los últimos en abandonar los planteles, a pesar de que ellos también tienen familia.

Los daños en las escuelas de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco no fueron poca cosa. En su comparecencia en el Senado el pasado 31 de octubre, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, informó que 80 por ciento de las 10 mil escuelas de educación básica de Ciudad de México habían reanudado clases, pero 20 por ciento no. Eso significa que, a casi dos meses de los sismos, alrededor de 2 mil centros educativos no tienen aún clases.

El papel de la SEP en la atención del desastre ha sido muy deficiente. La mayoría de las escuelas que regresaron a funcionar regularmente están ubicadas en delegaciones en que las afectaciones causadas por los temblores fueron mínimas. El 22 de septiembre, la SEP emitió el comunicado 270 en el que informa de los ocho pasos para el retorno a las aulas. Allí anuncia que todas las escuelas de educación básica de Ciudad de México serían revisadas por un director responsable de obra (DRO), para definir si estaban en condiciones de reanudar actividades. Sin embargo, el número de DRO destinados a la actividad resultó insuficiente (al 24 de septiembre la revisión no culminaba). Cada DRO debió supervisar entre 10 y 12 escuelas diarias. En muchos casos las revisiones fueron relámpago y, en lugar de dar certidumbre a los padres, generaron enorme inquietud.

En no pocos casos, escuelas con daños en bardas perimetrales (que fueron construidas sin reforzarlas con castillos), salones, muros, pisos y escaleras fueron dictaminadas como seguras. Indignados, los padres de familia rechazaron esos peritajes y decidieron no mandar a sus hijos a clases.

Las escuelas que sufrieron daños considerables y han sido reparadas son mínimas. Algunas escuelas afectadas retornaron a clases sin haber sido reparadas. Otras han sido reubicadas en otros planteles, que desde antes estaban saturados. El que varios centros escolares damnificados estén cercanos unos a otros, dificulta que los alumnos sean trasladados a otros edificios. El que en varias colonias se carezca de espacios públicos, hace imposible habilitar albergues escolares de emergencia. Hasta el 5 de noviembre no había sido instalada ningún aula prefabricada.

La SEP parece carecer de una estrategia para resolver el problema atendiendo la particularidad de cada plantel. Buen número de escuelas podrían estar ya laborando si se hubiesen atendido los daños que no son estructurales. Otras que los tienen podrían haberse reubicado ya de haber tomado en cuenta las propuestas de espacios hechas por los padres de familia. Es difícil saber si esta falta de estrategia obedece a la carencia de recursos o a la descoordinación entre las diferentes de­pendencias, la SEP y las delegaciones.

Padres de familia y maestros se han movilizado a la Asamblea Legislativa de Ciudad de México (ALCM) en tres ocasiones. En la primera, fueron recibidos en el recinto. En la segunda, efectuaron una concentración frente al edificio. Y, en la tercera, alumnos de varias escuelas tomaron clases fuera de las instalaciones legislativas. La comisión de damnificados se ha reunido en distintos momentos con los legisladores. El pasado 20 de octubre, la comisión tuvo una reunión con el coordinador general de obras del Inifed y las autoridades de la Dgsei. La asamblea publicó un desplegado en tres diarios retomando parte de los planteamientos formulados por los padres de familia. Sin embargo, el punto central, que es la mesa de negociación con la SEP, no ha tenido avance alguno.

El tiempo pasa y los padres de familia están cada vez más enojados y desesperados. Su indignación se ha hecho aún mayor, al saber que la SEP gastará 34 millones de pesos mensuales en la renta de oficinas de lujo, mientras centenares de escuelas permanecen en el abandono. Están convencidos de que necesitan efectuar acciones de protesta más fuertes.

Fuente:

http://www.jornada.unam.mx/2017/11/07/opinion/019a2pol

Fuente de la Imagen:

https://www.diariodemorelos.com/noticias/reconstrucci%C3%B3n-182-escuelas-da%C3%B1adas-por-el-sismo-sep

 

Deuda de 25 años a estados por Programa Escuelas al Cien

2 de noviembre de 2017 / Autor: Redacción Justicia y Sociedad / Fuente: El Universal

Uno de los programas estrella de la SEP costará 59 mil 497 millones 803 mil 900 pesos adicionales en intereses que tendrán que pagarlas entidades a inversionistas privados

Escuelas al CIEN, uno de los programas estrella de la SEP, ha generado que los estados “comprometan ingresos de las generaciones futuras” por los próximos 25 años, y costará 59 mil 497 millones 803 mil 900 pesos adicionales en intereses que tendrán que pagar las
entidades a inversionistas privados, encontró la Auditoría Superior de la Federación.

Para participar en el programa Escuelas al CIEN, las entidades «comprometen ingresos de las generaciones futuras» al reservar por 25 años recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) señaló la ASF en su informe sobre el avance financierode la inversión en
infraestructura educativa nacional.

“El mecanismo de potenciación implementado por la SHCP tiene como objeto que las entidades federativas reciban anticipadamente los recursos del FAM, para lo cual se obligaron por los próximos 25 años a pagar intereses y la amortización, lo cual implica que las administraciones estatales actuales dispusieron de los recursos futuros para financiar el gasto corriente, ya que los recursos pagan un costo financiero, pero no una inversión en infraestructura”, señala el auditor. Además de comprometer sus recursos, los estados deberán pagar intereses de 8% anuales hasta el año 2039.

De esta forma, la reparación de 33 mil escuelas terminará costándole al país 109 mil millones de pesos con recursos que se terminarán de pagar hasta 2039 en lugar de los 50 mil millones de pesos que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, ha anunciado que el gobierno federal “invirtió” a través del programa.

En diciembre de 2015, el gobierno federal arrancó Escuelas al CIEN para reparar para el final del sexenio 33 mil planteles con problemas graves de infraestructura y en condiciones de alta vulnerabilidad localizadas por el Censo de Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013.

La innovación del programa consistía en que los recursos se conseguirán a través de la emisión de bonos de infraestructura educativa, llamados Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) en la Bolsa Mexicana de Valores.

En todo momento, la SEP señaló que no habría deuda, sin embargo, las entidades deberán pagar 59 mil millones de pesos de intereses, los cuales quedarán amortizados hasta el año 2039, de acuerdo con la estimación de pagos de intereses y amortización que realizó la ASF.

El esquema de potenciación diseñado por la Secretaría de Hacienda e incluido en la reformas estructurales de diciembre de 2013, permite a las entidades federativas comprometer sus recursos futuros sin considerarlos como un pasivo ni les obliga a revelar este compromiso en su información financiera.

“El esquema de potenciación adoptado no reconoce una deuda a corto ni largo plazo; se registra como un gasto financiero en cada ejercicio, lo cual no permite reportar los montos pendientes de amortizar ni sus intereses en la Cuenta Pública federal ni estatal, por lo que tampoco se muestra en los indicadores subnacionales de deuda pública”, señala el auditor.

Las entidades deberán realizar el pago de intereses a partir de la fecha de la emisión yde cada una de sus reaperturas, en tanto que la amortización del principal iniciará el 10 de enero de 2019 y terminará el 10 de enero de 2039.

La oferta resultó “atractiva” para los tenedores de los bonos CIEN, que los adquieren a través de la Bolsa Mexicana de Valores, puesto que reciben el pago de intereses a través del FAM, fondo que se presupuesta año con año.

El Fideicomiso de Emisión pagó 654 millones 914 mil 200 pesos de intereses a favor de los tenedores de los Certificados.

“El costo financiero del esquema de potenciación resultó atractivo para los inversionistas debido a que, aun cuando los CIEN son un instrumento quirografario, la fuente de pago es el FAM, que representa una parte de la recaudación federal participable. El costo financiero de la emisión de los CIEN para la obtención de recursos futuros se estimó en 109,497,803.9 miles de pesos, de los cuales 59,497,803.9 miles de pesos corresponden a intereses, y 50,000,000.0 miles de pesos al principal”.

Hasta 2016, el Fideicomiso de emisión había realizado la Primera Emisión de Certificados y la primera reapertura; en tanto que, durante 2017, se realizaron dos aperturas para llegar a un monto total de emisión de certificados bursátiles de 26 mil 581 millones 171 mil 200 pesos, un 53.2%, y quedaron pendientes de emitir 23 mil 418 millones 828 mil 800 pesos, que representa 46.8% de los bonos pendientes.

Fuente:

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/deuda-de-25-anos-estados-por-programa-escuelas-al-cien

Fuente de la Imagen:

http://www.mejoratuescuela.org/programas/index/32